Gran Canaria y Tenerife son ciudades- islas. Lo son ya hace unos veinte años. Tal y como lo describía Federico García Barba hace ya tiempo, Tenerife “ha venido evolucionando en el último medio siglo hasta llegar a transformar su plataforma costera, relativamente llana, en un sistema metropolitano altamente urbanizado (…) Podría asimilarse a una especie de ciudad anular en la que conviven espacios urbanos con zonas de cultivos, todo ello pautado por una estructura viaria potente y una extensa red de barrancos que definen el desagüe territorial”. Esta definición podría aplicarse perfectamente a Gran Canaria. Y a Fuerteventura y Lanzarote, con algunas características estructurales diferenciales, por supuesto. El propio García Barba ha enfatizado –como otros urbanistas y arquitectos canarios, a los que no se ha prestado precisamente una atención exhaustiva desde el poder – que hay que superar un concepto casi mítico de isla – continentes diminutos donde todavía existen aficionados al desprecio de Corte y la alabanza de aldea – para poder ejercer un control real sobre su territorio, sus potencialidades económicas y su salud ecológica y medioambiental. Es difícil asumir que ya no vivimos en islas, sino en ciudades insulares, pero esa realidad debería permear las estrategias de desarrollo y de cohesión social del país de parte de los legisladores y de las administraciones públicas, si las hubiera o hubiese.

La realidad isla ciudad, con una densidad de población superior a 300 personas por kilómetro cuadrado (y creciendo) implica necesariamente cambiar praxis políticas, normativas y  modelos de organización administrativa. No podemos seguir creciendo turísticamente. Hemos llegado al límite y la actividad turística está empezando a vampirizar el crecimiento a largo plazo, no a impulsarlo, a exigir que, como sus empleados, seamos más pobres, no a posibilitar que podamos ser más ricos. No basta con poner un proyecto que ya cuenta con todos los permisos y bendiciones técnico-administrativas en información pública, penúltimo trámite procedimental para su definitiva aprobación, como anteayer les gritaba vergonzosamente el presidente del Cabildo de Fuerteventura, un tal Sergio Lloret, a los que en el último pleno de la corporación protestaban por la instalación de una “ciudad del cine” de la empresa Dreamland Studios en las proximidades de las dunas de Corralejo. “¡Presenten ustedes alegaciones!”, chillaba. Gracias al voto de calidad del tal Lloret el  Cabildo majorero aprobaba el expediente para declarar Bien de Interés Insular este proyecto privadísimo. Lo mismo ocurre con la muy selectiva Cuna del Alma en Tenerife o con el mesiánico Salto de Chira  en Gran Canaria. Es imprescindible la reforma de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común para que la información sobre proyectos o inversiones sea accesible antes de la última pase de su tramitación administrativa, en especial, cuando tales inversiones y proyectos evidencien, por su financiación, su extensión superficial, su volumetría o su actividad un impacto material relevante sobre el territorio y un impacto potencial sobre el medio ambiente.

Otra  reforma administrativa imprescindible – e inconcebible para los partidos políticos – consiste la simplificación del mapa municipal en Canarias. Es grotesco mantener 31 municipios para 2.000  kilómetros cuadrados en Tenerife, o 21 para 1.560 kilómetros cuadrados en Gran Canaria o 3 para 268 kilómetros en El Hierro. Menos burocracia municipal y más participación democrática y un Cabildo que sea el que finalmente apruebe o desapruebe –con el informe favorable o desfavorable de la Cotmac — proyectos como los citados anteriormente, ampliamente informados y con una mayoría reforzada para su autorización definitiva.  La isla ciudad debe tener una nueva gobernanza basada en la transparencia, la desburocratización y la prioridad de una protección inteligente del territorio.