Para dejar totalmente claro que la renovación del REF – y solo en su parte fiscal – es una fritanga preparada entre gobiernos y manguitos, como si se tratara de una merienda ocasional, la misma no se debatió realmente en las Cortes, sino que fue aprobado a través de un decreto ley rubricado por don Mariano Rajoy. Ningún debate mínimamente riguroso, ninguna posibilidad de introducir enmiendas, ningún molesto parlamentarismo por medio. Resultó particularmente penosa la intervención de la diputada socialista Patricia Hernández, quien además de evidenciar una ignorancia intachable sobre lo que estaba hablando, cinceló joyas como “nuestras aspiraciones, se los digo desde ya, irán encaminadas a conseguir una sociedad más igual (sic), más formada, más desarrollada”. Podía estar hablando de la fiscalidad canaria o de los anhelos irrenunciables de una comuna de mormones. Se los digo desde ya. Naderías dotadas de una enérgica determinación. Lo gracioso es demandar un REF más social cuando el PSC-PSOE – con la intervención activa del señor Hernández Spínola en sus devaneos con González Ortiz – han aprobado, por ejemplo, la transformación de la Reserva de Inversiones en un instrumento absolutamente ajeno a sus propósitos originarios, porque desde el pasado día 1 los empresarios que se acojan a la RIC no estarán necesariamente obligados a invertir. La reforma normativa les permite meter las perras en productos financieros que podrán ser utilizados por terceras personas para invertir en el Archipiélago sin informar a nadie sobre la naturaleza y localización de sus proyectos empresariales. Esta financiarización de la Reserva de Inversiones representa la estocada final a cualquier legitimación social que pudiera conservar en sus orígenes y consagra a los empresarios de mediano tonelaje como los únicos usufructurarios de la bicoca.
José Segura – que conoce muy bien el REF y que junto a Augusto Brito y otros dirigentes socialista participó en la reforma normativa del 93 – ha enfatizado que la modificación el Régimen Económico y Fiscal se debió desarrollar en una estrategia política más participativa que estaba obligada a completarse con una reforma del Estatuto de Autonomía para brindar jurídicamente unos fueros isleños ajustados a la propia evolución de la UE.
El Real Decreto convalidado por la Cámara Baja no supone, por tanto, ningún trampolín para la diversificación e internacionalización de la economía canaria, pero sí ofrece cierta utilidad operativa para que las élites políticas que controlan la Comunidad autonómica sigan manteniendo una capacidad de influencia social que es condición necesaria para su autorreproducción, así como para la continuidad de un pool empresarial privilegiado en magníficas relaciones – aunque a veces conflictivas — con los primeros. ¿Y Soria? José Manuel Soria, simplemente, ya está en campaña.
