Aquí al lado,  a tres pasos de la mesa de trabajo, he encontrado, estampillada en una farola, una pegatina de Izquierda Unida con un dibujo central que he visto en otras ocasiones. La cabeza de Francisco Franco se abre verticalmente para mostrar, saliendo de su interior, la cabeza de Juan Carlos I, y la cabeza del rey se abre, a su vez, para dejar ver la de su hijo y heredero, el príncipe Felipe. Lo más gracioso de todo, sin embargo, es el texto, una invocación a no dejarse escamotear la memoria histórica, “porque este rey lo puso un dictador” o algo por el estilo. Debe tratarse de una memoria muy selectivamente histórica, porque la fuerza hegemónica de Izquierda Unida es el PCE, y el PCE pidió en 1978 el voto a favor de la Constitución que establecía en España una monarquía parlamentaria, la cual finalmente fue aprobada por el 88,54% de los votos emitidos (aunque, es cierto, la abstención rozó el 33%). En la actual ola de republicanismo que empapa al país – y que a veces parece o es simplemente un muy irritado sentimiento antimonárquico – se entremezclan, como ilustra la mencionada pegatina, supuestos principios mayores de carácter histórico con intolerables comportamientos de miembros de la Casa Real, sin excluir en absoluto al propio jefe del Estado. No es precisamente un ámbito de análisis e ideas ordenados para plantearse si la institución monárquica es ya inservible – o incluso, para los más noblemente asirocados, si sirvió ajena o contrariamente a los intereses generales – y proceder a debatir con un mínimo rigor sobre la oportunidad del régimen republicano.

Ciertamente después de la muerte de Franco los españoles no fueron consultados para elegir entre monarquía y república. Los que actualmente se escandalizan por ello o hasta lo denuncian como pecado original de la Corona española parecen olvidar las condiciones en las que se pactó la llamada  transición política entre el franquismo reformista y la oposición democrática. Ciertamente el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como heredero de la Corona fue exclusivamente una decisión del dictador y se tomó sus años (sus décadas) para tomarla. Pero sobre todo, en ese discurso ligeramente alucinógeno que estigmatiza la actual monarquía como vestigio franquista, se obvia un hecho elemental. Juan Carlos de Borbón llegó al trono carente de las dos legitimidades básicas. Ni su padre no le había cedido en 1975 sus derechos sucesorios ni el pueblo había tomado parte alguna en su coronación. Los poderes de Juan Carlos de Borbón dependían únicamente de la designación de Franco y de la Ley Orgánica del Estado, tal y como se lo habían recordado los propios dirigentes del franquismo, empezando por el presidente del Gobierno que heredó, el tenebroso Arias Navarro. Por tanto, solo podía alcanzar una legitimación que lo asentase en el trono sobre el fundamento de un proyecto político que estableciera un sistema representativo. El más elemental instinto de supervivencia dinástica llevó al rey, por tanto, a presentarse y actuar, al mismo tiempo, como garantía de continuidad  y garantía del reformismo, tal y como explica inmejorablemente el profesor Ferrán Gallego en un libro que no ha tenido la atención que se merece, El mito de la Transición (Crítica, 2008). Lamentablemente para los que defienden la transición como una operación de escuadra y cartabón perfectamente diseñada por los poderes fácticos y otros demonios familiares, se trató de una negociación con límites claros, pero en el que actuaron numerosas variables, forcejeos, improvisaciones, concesiones y renuncias, entre las cuales no fueron las menores los de una izquierda dividida. El amplio apoyo al proyecto constitucional de 1978 funcionó como un aval a una monarquía parlamentaria con un rey con limitadísimas funciones. A partir de la promulgación de la Constitución la monarquía reinstaurada pasaba a gozar de una legitimidad democrática; no es un presupuesto de la Constitución, sino un elemento de la misma. La actuación del rey en la asonada del 23 de febrero de 1981, en defensa del muy joven orden constitucional, convenientemente publicitada y aclamada sin matices incómodos, le granjeó la simpatía de una ciudadanía agradecidaque no se convirtió automáticamente en monárquica, pero sí en decididamente juancarlista.

Si la monarquía se encuentra en cuestión no es, por tanto, porque carezca de legitimidad de iure, sino porque un conjunto de errores institucionales y comportamientos intolerables amenazan su legitimidad de facto y, especialmente, cuestionan su auténtica utilidad política: es ese cúmulo de desperfectos, torpezas y felonías las que, por lo demás, realimenta de nuevo la convicción política de que es el régimen republicano el más ajustado a los principios democráticos. Según la constitución, el rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado; para muchos de los republicanos de siempre y casi todos los antimonárquicos sobrevenidos el monarca es ahora un símbolo del fracaso político y económico del país, de la corrupción sistémica y de las agresiones brutales que sufren las clases medias y trabajadoras españolas. La situación ha cambiado drásticamente en el último lustro por tres factores básicos: a) los errores y negligencias cometidas en el diseño de la propia institución monárquica (dos tinerfeños, Miguel Ángel Aguilar Rancel y Óscar Hernández Guadalupe lo han descrito muy bien en su libro Juan Carlos Rex. La monarquía prosaica) que ahora quedan en evidencia; b) el feroz blindaje informativo alrededor del monarca y la Casa Real, admitido y obedecido por los grandes medios de comunicación del país, con un efecto pernicioso inevitable cuando una institución como la Jefatura del Estado se ve libre de cualquier fiscalización crítica; y c) el comportamiento irregular, indecoroso, sospechoso o abiertamente punible del monarca y de otros miembros de la Casa Real, en especial de su yerno, Iñaki Urdangarín, que ha llevado a su esposa, la infanta Cristina, a las puertas del juzgado.

Personalmente creo que la actual monarquía española se encuentra en una situación irrecuperable y que a medio plazo se intentará, como último recurso salvador, una abdicación en el príncipe Felipe de Borbón y Grecia. Mientras llega este momento, no obstante, la posición republicana irá ganando peso y extensión porque la monarquía todavía no, pero el juancarlismo parece definitivamente instalado en un pasado que no puede volver.