Servicios sociales

Otras menudencias

No digo que cada día no tenga su afán y cada noche su duermevela, pero creo que nos agobian problemas más importantes que el incidente entre el barco de Greenpeace y la Armada Española en las aguas donde ya han comenzado las prospecciones indagatorias de Repsol, más graves incluso, y que caigan sobre mi cabeza todas las maldiciones del averno ecológico, que las prospecciones mismas. Si está claro (y lo está para Juan López de Uralde: leáse la entrada al respecto en el blog www.seguimosinformando.com) que varios tripulantes del Artic Sunrise, a bordo de lanchas rápidas, pretendieron abordar la plataforma, ya sea para plantar ahí una pancarta, ya sea para pintar algún eslogan de protesta, no cabía esperar otra actitud del buque de la Armada que la de una abierta oposición a fin de impedirlo. Algo muy distinto es que la reacción de la Armada haya sido brutalmente desproporcionada, embistiendo ferozmente contra los ecologistas y, al final, hiriendo de cierta gravedad a una de ellos. La guinda del despropósito – y evidencia de una pésima gestión política y operativa de esta crisis – se concentra en la multa impuesta a Greenpeace y la inmovilización de su barco en Arrecife hasta que abonen la sanción.
Uno sabe perfectamente que el atractivo épico de este asunto resulta casi irresistible, trufado de metáforas, imágenes, indignaciones y reclamos, y el Gobierno autonómico lo jalea con una habilidad retórica digna de Sautier Casaseca. El presidente Paulino Rivero ha llegado a afirmar enardecidamente que “esto es la mayor agresión de España a Canarias desde la conquista”, sin precisar luctuosos episodios anteriores. De creer a Rivero los sondeos en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura es lo peor que nos ha ocurrido en los últimos 500 años. Sin duda instalado en la frivolidad, se me ocurren otras cosas, pongamos, el franquismo: una dictadura criminal que asesinó a cientos de canarios, encarceló y torturó a varios miles y nos condenó a una autarquía de hambre, piojos, terror, ignorancia planificada y subdesarrollo.
El presidente Rivero sufre, como es notorio, una disonancia histórico-cognitiva que le ha llevado a asumir que la historia de Canarias comenzó en junio del año 2007. Aun así en estos siete años y medio podemos citar entre otras menudencias un desempleo que ha llegado al 33% de la población activa, unos servicios sociales a punto de colapsar, un empobrecimiento asfixiante de las clases medias, una estructura político-administrativa cuyo mal diseño y deficiente funcionamiento no ha llevado a reformas estructurales imprescindibles, un incremento portentoso de la desigualdad de rentas, problemas de malnutrición infantil, una paralización suicida en el desarrollo de energías alternativas. Igual el señor Rivero tiene razones para obsesionarse febrilmente con los sondeos y utilizar el petróleo como tinta de calamar. Los ciudadanos, no.

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Un formidable y mísero caos

El comité de expertos encargado por el propio Gobierno autonómico de estudiar la reforma de la administración pública y proponer medidas al respecto ha descrito, en uno de sus informes, la aterradora situación de los servicios sociales en esta Comunidad. Es realmente curioso. Los trabajos de este equipo, coordinado por José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, son muy escasamente conocidos, pese a llevar más de año y medio de actividad. Sin embargo, esta despiadada evaluación de los servicios sociales de la Comunidad autonómica ha llegado a los medios de comunicación. Tal vez el comité se haya hartado ligeramente de la indiferencia del señor Rivero y su entorno. El informe no tiene desperdicio y supone la constatación de uno de los fracasos políticos y sociales más clamorosos de los últimos treinta años, lo suficientemente grave para cuestionar razonadamente la razón de ser de las instituciones autonómicas.
El documento incluso pone en duda la existencia de un sistema de servicios sociales en Canarias. Desde un punto de vista organizativo y operativo tal sistema no deja de constituir una entelequia más o menos pinturera. Los comisionados son incapaces de detectar coordinación administrativa, objetivos concretos, mensurables y debidamente fiscalizados ni una definición suficiente del marco competencial y de gestión de las administraciones implicadas, Ejecutivo regional, cabildos insulares y ayuntamientos. La excusa de la prolongada crisis económica y los feroces recortes presupuestarios no sirve para ocultar la desvergonzada exhibición de ineptitud, negligencia e ineficacia de la burocracia autonómica, sus cuadros técnicos y, al fin y a la postre, sus responsables políticos, que han sesteado ininterrumpidamente mientras se hundía un suflé impresentable. Por no existir no existe siquiera, debidamente definida, una cartera de servicios sociales en Canarias, mientras ayuntamientos, cabildos y la Consejería de turno, en una rebatiña mentecata, superponían en unos casos, duplicaban en otros y cortocircuteaban en varias ocasiones programas, acciones y subvenciones. El desastre económico y la sangría presupuestaria, simplemente, han dejado más en evidencia aún este formidable y mísero caos que alimenta la hipótesis de que en Canarias el escuálido Estado de Bienestar tiene unos efectos redistributivos aun inferiores a la mediocre media española. Me preguntarán ustedes por Inés Rojas y sus cuates, pero les ruego que no lo hagan, porque tendría que gastarme lo que no tengo contratando un abogado.

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