Es rara la semana en la que en alguna o varias de las islas  simultáneamente no se celebren reuniones entre partidos políticos (no únicamente Podemos), organizaciones ecologistas, fuerzas sindicales y plataformas vecinales para debatir (falsamente) y expresar (con total sinceridad) su rechazo contra el proyecto de ley del Suelo que el Gobierno autonómico quiere empezar a tramitar el próximo otoño. Para una parte sustancial de esta vieja oposición – ahora enmascarada como nueva política – el proyecto legislativo en el que se ha empeñado personalmente el presidente Fernando Clavijo es una perita en dulce o, mejor, una sabrosa morcilla que permite incluir acusaciones y demonizaciones casi a la carta entre los tropezones del odio a la casta. Ahí están y se concentran todos los asuntos y argumentarios que llevan treinta años pudriéndose en el cerebro del intelectual orgánico colectivo de la izquierda ecomaniática canaria: el espantoso desarrollismo, el ataque depredador sobre el territorio,  la corrupción urbanística cocida en despachos municipales, el desprecio por la planificación urbanística. Como comprenderán ustedes, algo muy sabroso, aunque por mucho que se lea y se relea el texto del anteproyecto es imposible encontrar una sola justificación a tan apocalípticas denuncias.
A lo largo del último cuarto de siglo he escuchado, precisamente, la denuncia de los últimos días de los ecosistemas canarios una y otra vez. Estábamos al borde de la extinción y la Cotmac – se lo he escuchado personalmente a sabios funcionarios e integérrimos profesionales que ahora se escandalizan por la limitación de sus funciones en el anteproyecto – no servía absolutamente para nada, y sobre todo, no servía un carajo para evitar la corrupción, en particular, en los municipios turísticos. Este discurso monocorde y catastrofista tampoco se vio alterado por la aprobación de las directrices de ordenación y del turismo. La queja, la denuncia y los ajijides por la destrucción de nuestro patrimonio natural y paisajístico han ido por un lado y el desarrollo legislativo y normativo por otro hasta convertirse en una maraña selvática gracias a la cual levantar un cuarto de aperos en una pequeña finca familiar puede ser una labor imposible, no se diga ya invertir para la reforma de una explotación agraria o ganadera. Es realmente asombroso que después de insistir en el caos y la destrucción urbanística que ha padecido Canarias se considere que la Cotmac – por insistir en el ejemplo – una suerte de última línea de defensa de la racionalidad territorial y la honestidad procedimental. Eso es absoluta y constatablemente falso pero, ¿qué más da?  Hay que seguir construyendo día a día el imaginario de un infierno prácticamente irreparable. Antes de las directrices, durante la vigencia de las directrices, en la coyuntura de su reforma, después, ahora mismo, siempre.
Según la Consejería de Política Territorial Canarias dispone de más de 54 millones de metros cuadrados  — otros cálculos aumentan en un 40% esta cifra – ya urbanizables para nueva construcción: una reserva más que suficiente. En el fondo lo que está haciendo Clavijo es una de las pocas cosas efectivas y eficaces que puede hacer un pequeño gobierno regional para salir del marasmo económico y crecer con cierta energía: retirar los obstáculos para la inversión y la modernización. No la inversión de gigantes empresariales autóctonos o foráneos, sino de pequeños y mediados inversores en el mundo rural, en la construcción turística o en la promoción de vivienda. El proyecto de ley, por supuesto, es mejorable. Bastante. La interminable misa de difuntos de sus críticos más obtusos – que son mayoría –no.