Por una vez cabe apartar un lado las tonterías. Bobadas inconsútiles como la penúltima, testaruda guanajada de Paulino Rivero, que agita su ocurrencia sobre la “soberanía compartida” como una solución estupenda para que el Gobierno español no privatice parcialmente Aena o evite presentar en las Cortes un proyecto de presupuestos generales para 2015 tan obviamente lesivo para Canarias como todas las cuentas presentadas por Cristóbal Montoro en los últimos años. Porque semejante nadería es tanto como afirmar que cuando dispongamos de reactores de fusión nuclear tendremos energía prácticamente gratuita hasta el fin de los tiempos. Consiste, simplemente, en confundir un objetivo estratégico – que el propio partido de Rivero, Coalición Canaria, no ha debatido seriamente – con un instrumento político actualmente operativo. “Ah, si mi partido, la Comunidad autonómica, el Gobierno español, la Constitución y el Tribunal Constitucional me dieran la razón en lo de la soberanía compartida, estas cosas tan desagradables no ocurrirían”, musita quizás el presidente del salón en el ángulo oscuro. Pues que entretenido.
A veces, sin embargo, hasta en el Parlamento de Canarias se puede registrar señales de vida inteligente y un benéfico interés por los asuntos que no transcurren necesariamente por sus despachos y pasillos alfombrados. La Cámara regional acaba de aprobar, por casi milagrosa unanimidad, la ley de no discriminación por motivo de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales,  un texto legal que garantiza “el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento de recibir de las administraciones públicas canarias una atención adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de cualquier otra índole”. Todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, votaron favorablemente la nueva normativa, currada básicamente por los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de las islas, hasta el punto de sus señorías apenas aportaron tres o cuatro enmiendas menores. Algunos amigos y amigas maliciosos me han contado que, satisfechos como están, no dudan que los grandes partidos han votado la ley sabiendo a la perfección que, por ejemplo, la atención médica, jurídica o psicológica de las administraciones públicas a los colectivos LGTBQ será negada de facto argumentando las actuales restricciones presupuestarias. Aun así es un paso jurídico importante que deben celebrar todos los ciudadanos, simplemente, porque los derechos de todos se ven reforzados cuando se reconocen los derechos de una minoría frente a cualquier ignominiosa forma de discriminación, opresión o persecución.

Note bene:
“La lucha contra la homofobia no puede darse aisladamente haciendo abstracción del resto de injusticias sociales y de discriminaciones, sino que la lucha contra la homofobia sólo es posible y realmente eficaz dentro de una constelación de luchas conjuntas solidarias en contra de cualquier forma de opresión, marginación, persecución y discriminación. Repito. No por caridad. No porque se nos exija ser más buena gente que nadie. No porque tengamos que ser Supermaricas. Sino porque la homofobia, como forma sistémica de opresión, forma un entramado muy tupido con el resto de formas de opresión, está imbricado con ellas, articulado con ellas de tal modo que, si tiras de un extremo, el nudo se aprieta por el otro, y si aflojas un cabo, tensas otro. Si una mujer es maltratada, ello repercute en la homofobia de la sociedad. Si una marica es apedreada, ello repercute en el racismo de la sociedad. Si un obrero es explotado por su patrón, ello repercute en la misoginia de la sociedad. Si un negro es agredido por unos nazis, ello repercute en la transfobia de la sociedad. Si un niño es bautizado, ello repercute en la lesbofobia de la sociedad”. (Paco Vidarte, Ética marica)