La carta de Miguel Strogoff

Uno de los escasos ataques de ofuscamiento que se ha permitido el presidente Ángel Víctor Torres – un político habitualmente tranquilo, templado y paciente — ha tenido su detonante en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley 11/2021 de 9 de julio que pulverizaba el diferencial fiscal a favor de las producciones audiovisuales desarrolladas en el archipiélago. No es que al presidente le pareciera mal el fallo, un fallo que establecía que se había vulnerado el REF, pero ocurre que en el texto de la sentencia el abogado del Estado personado en este caso afirma explícitamente que el Gobierno de Canarias no solicitó activar la comisión bilateral Canarias-Estado para abrir un diálogo sobre la diferencia entre ambas partes y solventarla si mediaba un acuerdo. El portavoz parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, publicitó parte de la sentencia en Twitter, subrayando irónicamente la observación del abogado del Estado. Se produjo un pequeño rifirrafe en la red social y el sarcasmo de Barragán fue muy retuiteado. A Torres le repateó considerablemente el asunto. Lo consideró prácticamente un insulto, además de una mentira. Yo entiendo a Torres. Creo que cree sinceramente que es una mentira. Y eso es lo peor de todo.

Presidencia del Gobierno remitió hace unos días a numerosos medios de comunicación y periodistas copia de la carta que el primero de julio de 2021 remitió el jefe del Ejecutivo canario a Miquel Iceta, entonces ministerio de la Presidencia, como prueba evidente y autoconclusiva de que Torres había solicitado la activación de la Comisión Bilateral. Ya circula por internet y pueden ustedes consultarla. No carece de interés. En su penúltimo párrafo, en efecto, Torres solicita la convocatoria urgente de la comisión, siempre como resultado del informe desfavorable del Parlamento de Canarias. En ese sentido el presidente narra escrupulosamente los hechos como un testigo imparcial que transmite una noticia, sin añadir una coma sobre la posición de su propio Gobierno. Más que un presidente que está ejerciendo una potestad reconocida por el Estatuto de Autonomía de 2018, Torres actúa como una suerte de intermediario postal entre la Cámara regional y el Gobierno central, sin que esté absolutamente injustificada la inferencia de cierta resignación presidencial ante la contumacia del parlamento.

La carta, como se ha dicho, se remitió a principios de julio. No fue hasta el 17 de septiembre cuando se publica en el BOE una resolución del Ministerio de Política Territorial en la que se anuncia que la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado ha adoptado el acuerdo (¿dónde, cuándo?) de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitada” para lo cual “se designará un grupo de trabajo para proponer a la comisión la solución que proceda”. Y ahí –mientras seguía vigente la normativa legal de la discordia — embarrancó el proceso y nunca más se supo, pese a las preguntas que formuló al respecto la diputada nacionalista Socorro Beato. Ciertamente la situación de los descuentos fiscales a la producción audiovisual en Canarias se corrigió en buena medida después a través de otros cauces y espacios de diálogo. Pero sería temerario concluir que fue gracias al Gobierno autonómico. Fue el Parlamento quien emitió un informe negativo y quien interpuso, con el trabajo de sus letrados, un recurso exitoso ante el Constitucional. El Gobierno no hizo nada. El presidente, salvo su breve actuación como Miguel Strogoff en su carta del pasado julio, no destacó precisamente por su defensa de la integridad del REF y, en general, de los intereses canarios en esta coyuntura, como en algunas otras. Es lo que Ángel Víctor Torres, desde su desquebrajada bonhomía, no coincide entender. Para él lo que ha hecho resulta, dentro de la tradición del PSOE canario de subordinación estricta a Ferraz y a La Moncloa, casi un acto de heroísmo. Para los que no militan en las filas socialistas, en cambio, Torres solo actuado como un notario y su eficacia política ha sido lenta, complaciente e insuficiente.

Publicado el 9 marzo, 2022 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

La pregunta pejeverde

En un plazo relativamente breve para sus usos y costumbres el Consejo Consultivo de Canarias ha avalado (así se ha esculpido en los titulares) la legalidad de la consulta preparada por el Gobierno autonómico sobre las prospecciones petrolíferas en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura. Con las prisas en celebrar el informe – que sin duda cogió por sorpresa al Ejecutivo – fue piadosamente obviada una observación que los señores consejeros no pudieron resistirse a explicitar: la consulta no puede incluir preguntas que excedan el marco competencial de la Comunidad autonómica. He esperado inútilmente que alguien se dirija al Consejo Consultivo para aclarar este aserto a fin de que quien lo interprete no sea el portavoz Martín Marrero, por ejemplo. Pero nada.
Y no es un asunto baladí. Entre sus competencias la Comunidad Canaria, por supuesto, cuenta con un amplio espacio normativo y reglamentario en materia medioambiental. Sin embargo, la autorización para proceder a sondeos exploratorios y conceder licencias de explotación corresponde inequívocamente al Ministerio de Industria y Energía. La conclusión se antoja bastante obvia: el Gobierno regional no puede preguntar a los ciudadanos canarios sobre las prospecciones que ha autorizado el Ministerio de Industria a favor de Repsol. No lo puede hacer sin incurrir en prevaricación, aunque mucho antes, sin duda, el proceso administrativo para la consulta será impugnado por el Gobierno central a partir de la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional. Desde la legalidad el Gobierno presidido por Paulino Rivero deberá limitarse a una pregunta más o menos de este jaez: “Como ciudadano de Canarias, ¿quiere usted que el mar que rodea las islas sea limpio, puro, salutífero y hermoso? En caso de responder positivamente, ¿cree usted que debería contar con samas roqueras, fulas y pejeverdes en abundancia?”.
Pulula la gente malvada – yo me cuento entre ellas – que considera que el Gobierno presidido por Paulino Rivero, incluyendo al mismo Paulino Rivero, conocía de antemano perfectamente las limitaciones legales de una consulta como la que pretenden convocar. Sabían que las preguntas jurídicamente permisibles excluían fuera de toda duda razonable la autorización y la actividad misma que suponen los sondeos. Conocían, por tanto, la perfecta inutilidad de la consulta en términos jurídicos y su inermidad como instrumento democrático en términos políticos. Fue la irresistible tentación de un presidente adicto a los titulares en vena la que le llevó a envolverse en el mar como en una bandera y posar como un Tritón patriótico agitando en el tridente justiciero papel timbrado, fulas y pejeverdes.

Publicado el 30 septiembre, 2014 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Patrimonialización

Francisco Pérez de Cobos se define como un “modesto profesor universitario”. Y es casi verdad. Su currículo académico es muy respetable, pero nada deslumbrante. La evolución del Tribunal Constitucional de España se puede medir por la distancia que media entre Manuel García Pelayo o Francisco Tomás y Valiente –sus primeros presidentes – y el doctor Pérez de Cobos, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baleares. En los años ochenta hubiera resultado impensable que García Pelayo o Tomás y Valiente militaran en un partido político. Tan impensable que fue después cuando los miembros del Constitucional decidieron que podían militar en un partido político, aunque imponiéndose, con inigualable lucidez, el prudentísimo límite de establecer como incompatible la pertenencia al tribunal con el desempeño de un cargo directivo en una organización política. Esta decisión de los magistrados que deben velar por el orden constitucional era y es mayoritariamente desconocida entre los ciudadanos, sin excluir políticos, juristas y periodistas. Los jueces y magistrados no pueden militar en un partido, pero el Tribunal Constitucional no está integrado en el Poder Judicial. En rigor sus miembros no deben formar parte – muchos no son ni han sido jueces – de la carrera judicial.
Antes de colgar – metafóricamente – al señor Pérez de Cobos por sus pecadores tobillos, por lo tanto, resulta más pertinente reparar en los errores de diseño de la institución que preside desde hace menos de mes y medio. Es notablemente distinto que un miembro del Tribunal Constitucional tenga instalada, en el alma o en las vísceras, una identidad ideológica más o menos intensa, a que dicho caballero milite activamente en un partido político. Y esta distinción debería quedar perfectamente salvaguardada en la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC. Del mismo modo la atención crítica debería centrarse en los senadores que, en apenas media hora, concedieron su placet a la entrada en el Constitucional al doctor Pérez de Cobos. Ni una sola pregunta de mediana enjundia le dirigieron sus señorías al aspirante propuesto por el PP. Todos fueron felicitaciones, parabienes y reconocimientos. Por supuesto, y quizás por modestia, tal vez por un olvidadizo descuido, Pérez de Cobos no musitó una palabra sobre su militancia política.
¿Y si el doctor Pérez de Cobos hubiera quemado su carnet del PP el pasado 10 de junio las sospechas sobre su parcialidad serían menores? Me temo que no. Esas sospechas están alimentadas por un procedimiento de selección para una institución clave del Estado de derecho que es deudor de un concepto patrimonial la res pública. El doctor Pérez de Cobos en absoluto está obligado a dimitir. Pero supone un sórdido estropicio de la democracia constitucional el que, tan modestamente, haya llegado a ese Empíreo.

Publicado el 19 julio, 2013 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?