Unión Europea

La evaporación del REF

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias se evapora como un charco en el largo verano de la indiferencia de las élites políticas y empresariales isleñas. La reforma del REF en una coyuntura tan crítica como la de los últimos seis martirizantes años debió consumir debates, análisis, pronunciamientos, deliberaciones y propuestas, pero si usted, caro lector, repasara los espacios dedicados en los periódicos o las horas ocupadas en cadenas de radio y televisión se llevaría una sorpresa. La prensa del tardofranquismo se ocupó más del REF de los setenta que lo que lo hemos hecho nosotros, por no hablar de la tinta y las discusiones consumidas por la incorporación de Canarias al Mercado Común (después Unión Europea) y por la reforma de 1993. Una catástrofe silenciosa y de baja intensidad política y mediática que desenmascara el estado de emergencia de un país estratégicamente desarbolado. En realidad la banalizacion política y técnica del REF supone un síntoma más de esta crisis estructural que ha patentizado las insuficiencias, contradicciones y disfunciones de un sistema autonómico cuya utilidad institucional y social parece cada vez más marginal. La pésima gestión de las negociaciones que ha desarrollado el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz,  ha llevado a que la discusiones de la parte económica del REF se retrase nada menos que hasta 2016 y se realice, asombrosamente, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que legitima los temores de analistas como Antonio González Viéitez, para quien el Régimen Económico y Fiscal podría quedar devaluado a una suerte de Plan de Desarrollo Económico supuestamente garantizado por un compromiso de gasto plurianual. Tres añitos como mucho. Lo que dure (como un problemático unicornio) el Marco Presupuestario de la UE 2014-2020.

La reforma del REF no era solo inevitable, sino también necesaria. Pero no se han hecho los deberes que corresponden a una sociedad democrática madura que cuenta con una sociedad civil articulada, dinámica y exigente. Probablemente porque no lo somos. Y quizás ese mismo – defectos de diseño institucional al margen – explique que el REF, y en especial sus instrumentos fiscales, haya resultado un fracaso. Entre 1993 y 2013 apenas se contabilizan 7.700 millones de euros de  inversión directa extranjera en Canarias, lo que representa un 0,75% de la inyectada en España en el mismo periodo. Más de un tercio se invirtió en la construcción de hoteles, servicios turísticos y negocios inmobiliarios. Pero ni el Gobierno regional ni las élites empresariales han querido o podido subsanar esta situación. Han optado por la vía más fácil y descansada: sacrificar herramientas fiscales y planificación estratégica a la rebatiña de una negociación pesetera. Lo pagaremos muy caro.

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El juego prohibido

En un país arrasado, con tasas de desempleo desconocidas en el resto de Europa y una precariedad laboral creciente, 30.000 desahucios de viviendas anuales y una deuda pública del 100% del PIB, en un país con unos servicios públicos sometidos a una degradación aterradora — ¿ha visitado ustedes el caos campamental de las urgencias de la Residencia Universitaria últimamente? – una renta familiar en caída libre, sin circulación del crédito bancario y una investigación científica desertizada, no deja de ser un espectáculo fascinante la exhibición de pútrido cinismo del Partido Popular durante la presente campaña electoral. ¿Cómo puede conciliarse esta situación miserable con los gritos triunfales, el optimismo babeante y afirmaciones tan indescriptiblemente estúpidas como la de la vicepresidenta del Gobierno, según la cual a España es conocida mundialmente como “la Alemania del Sur”? Porque les trae sin cuidado. La campaña electoral es – para el PP como para el resto – un largísimo spot televisivo, no un debate sobre análisis y propuestas políticas. Y como cualquier producto audiovisual tiene sus propias normas y códigos que para nada tienen que considerar la realidad.
La realidad – los ciudadanos – actúa con puntual reciprocidad y se desentiende de las elecciones. Las encuestas prevén una abstención muy cercana al 60%. El partido que gane las elecciones solo podría decir que le ha votado uno de cada siete u ocho ciudadanos. No lo dirá, por supuesto. Los otros ganadores – IU, los independentistas nucleados alrededor de ERC, esa anécdota chusca, Podemos – mencionarán la abstención, pero entre sonrisas de satisfacción. Porque la abstención debe ser responsabilidad de la derecha y los socialdemócratas, no de las izquierdas. La gente no vota porque sabe o intuye lo que hay. En un espléndido artículo publicado ayer en El País, Conde-Ruiz y Rubio-Ramírez argumentan fehacientemente que el Gobierno español será incapaz de cumplir el Programa de Estabilidad para 2014 que ha enviado a Bruselas. “O  se ejecutan nuevos recortes de una magnitud semejante a los del periodo 2011-2013– salarios de los funcionarios, sanidad, educación, servicios sociales – o será imposible cumplir con los objetivos establecidos”. La nueva Comisión se mostrará implacable con España y su presidente no será elegido por los flamantes diputados. El Tratado de Lisboa no dice nada de eso. Lo eligirán los gobiernos. Los ciudadanos votan masivamente cuando las oportunidades de cambio y transformación son reales. Sí, están en juego el proyecto europeo y la propia democracia. Pero la principal regla del juego es que las reglas no pueden cambiar y los croupiers solo reparten cartas entre ellos.

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Socialdemocracia maniatada

La reciente advertencia de Juan Fernando López Aguilar (“es mentira de que Canarias dispondrá de más fondos de la Unión Europea en los próximos años”) se me antoja irreprochable. El ejercicio 2015 forma parte del marco financiero plurianual (2014-2020) que tiene entre sus objetivos una progresiva  contención en inversión y gasto. Los 980.000 millones de euros aprobados significan un descenso del 3,5% al marco financiero anterior, un recorte impuesto por la presión de los contribuidores netos a las finanzas comunitarias, particularmente Alemania y el Reino Unido. La Comisión, presidida por el neoliberal más sonriente del continente, José Manuel Durao Barroso, le rompió el brazo a la Eurocámara. Fue una pésima noticia en su día — aunque para variar obtuvo un pálido reflejo en los medios de comunicación canarios — porque significó que la UE renunciaba a cualquier estrategia política anticíclica y optaba por poner la zancadilla al imprescindible esfuerzo de mayor integración política, fiscal o social. Esos 960.000 millones puede parecer una enormidad de pasta, pero solo representa el 1% del PIB de la Unión. López Aguilar simplemente recuerda la testaruda realidad frente a las desvergonzadas falsedades electorales del Partido Popular y sus candidatos.
En cambio resulta sumamente discutible que la corrección de esta situación, tal y como sostiene el eurodiputado socialista,  consista en votar en masa a los partidos socialdemócratas  para cambiar la “correlación de fuerzas” en la Eurocámara y conseguir así una amplia mayoría progresista. Me resisto a creer que López Aguilar crea que la cosa sea tan sencilla. Primero, porque por desgracia los intereses nacionales siguen manteniendo preeminencia sobre las convicciones partidistas y condicionan fuertemente – si no determinan con rigor mortis– la praxis parlamentaria de las organizaciones políticas, salvo para colar parches como ese ridículo fondo destinado al paro juvenil (6.000 miserables millones de euros). Y en ese sentido no existe eso que llaman los ilusos taumaturgos del periclitado europeismo “los socialistas europeos”. En segundo lugar está otra terca realidad que López Aguilar y sus compañeros obvian: la manifiesta incapacidad del centroizquierda en toda Europa para diseñar y sacar adelante una agenda política distinta a las prioridades esculpidas por la Comisión y la troika, tal y como demuestran las experiencias de Grecia, Portugal, España y ahora Francia. Es lo que Ludolfo Paramio ha llamado “la socialdemocracia maniatada”. Tan maniatada que los eurodiputados socialdemócratas ni siquiera votaron negativamente ese marco presupuestario 2014-2010 que ahora denuncia López Aguilar…

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Choque de trenes

En la Unión Europea de la crisis de la deuda pública y la cronificada anemia económica existe un conflicto en ciernes entre democracia representativa, estrategias estatales e intereses económicos del capital financiero globalizado. Las elecciones italianas del pasado domingo lo han expuesto claramente. Para horror de bolsas, mercados y gobiernos las urnas arrojaron una situación de inestabilidad política insalvable. Para empeorar las cosas el sistema electoral italiano parece diseñado por un mandril empapado en pacharán, y en parte lo es, pues las últimas reformas al mismo fueron introducidas por Silvio Berlusconi. Precisamente bajo el pretexto de corregir las débiles, insuficientes y a menudo caóticas mayorías parlamentarias que arrojaban tradicionalmente las urnas Berlusconi y los suyos –que eran legión – añadieron un nuevo parche y se estableció que el partido o coalición ganadora obtiene inmediatamente un bonus de 50 diputados. El pasado domingo el partido más votado fue el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo, con el 25,5% de los sufragios, seguido por el Partido Democrático liderado por Pierluigi Bersani, ex ministro de Industria y Comercio con Romano Prodi. Sin embargo, al presentarse coaligado con tres pequeñas organizaciones, Bersani se alzó finalmente con el primer puesto, consiguió el bonus y obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El problema es que derrapó en el Senado, y desde el Senado se puede bloquear, retrasar y torpedear casi infinitamente al Gobierno y a los proyectos legislativos procedentes de la Cámara. Asombrosamente, Berlusconi superó el 20% de los votos, y menos asombrosamente, Mario Monti, primer ministro en funciones, arañó apenas un 10% al frente de una coalición de centro derecha.

Italia es ese espejo incómodo donde la contradicción entre la democracia representativa nacional y los intereses financieros transnacionales se refleja con cierta obscenidad. La caída de Berlusconi no obedeció a un proceso político interno, a la dinámica de mayorías y minorías: repentinamente los italianos asistieron, atónitos, al nombramiento como primer ministro de un senador vitalicio, excomisario de la UE y exasesor de Goldman Sachs, que fue presentado como un desinteresado, sapiencial y neutral técnico, cuyo concurso era imprescindible para corregir la deriva económica del país y cumplir las estrictas exigencias de la Unión Europea, pero al que nadie – nadie – había votado. Los dos grandes partidos parlamentarios – el Polo de la Libertad de Berlusconi y el Partido Democrático – apoyaron sin apenas rechistar sus medidas. Que este fulminante proceso se haya producido en el corazón de Europa y haya sido –por así decirlo – homologado sin mayores aspavientos no es, sinceramente, una prueba de madurez política e institucional, sino un síntoma de la subordinación de los sistemas políticos parlamentarios a un poder cuya raíz no es democrática y cuyos intereses no son, precisamente, los intereses generales. No se ha refundado el capitalismo, esa fugaz ocurrencia de Sarkosy de poner el cascabel a un tigre. Es el poder del capital financiero está reformando (deconstruyendo) los sistemas democráticos.

Los dos argumentos con los que se pretendido diluir esta incómoda realidad son harto cuestionables. El primero es muy sencillo: había que alegrarse de la aniquilación política de un inmundo delincuente como Silvio Berlusconi. Pero, tal y como demuestran las últimas elecciones, el canalla de Berlusconi sigue ahí, políticamente vivo, y no se ha avanzado un centímetro en cercenar su fabuloso poder económico y empresarial o en acercarlo al banquillo de los acusados. El segundo es más sofisticado y apunta a la transferencia de poder político de los estados a la Unión Europea y a la imperiosa necesidad de cumplir, en beneficio de todos los agentes, las decisiones económicas y fiscales de la UE. Pero una cosa es la transferencia de poder y competencias de los estados a la Comisión y otra distinta suplantar la voluntad política expresada en las urnas y tutelar, si no maquinar sigilosamente , cambios de gobiernos y programas en plena legislatura, como ha ocurrido en Italia.

Los resultados electorales del pasado fin de semana no dejan de ser una respuesta de los italianos al experimento Monti (desde un punto de vista político) y al austericidio como eje de la política comunitaria  (desde un punto de vista económico). Lo han rechazado clamorosamente votando a Grillo y a Berlusconi. Nuevo ejercicio de licuefacción del sentido: los italianos han votado a dos payasos. No, no es exacto. No es necesario reseñar lo que es el berlusconismo. Como figura política Beppo Grillo puede ser un botarate,  pero no es un criminal. Su programa, ciertamente, se asemeja mucho a una carta a los Reyes Magos: su relativo desinterés por lo económico resulta asombroso y sus propuetas carecen de articulación interna, de coherencia argumental, de rigor expositivo y análisis realista sobre una coyuntura de endemoniada complejidad. Más que un programa político recuerda a los cahiers de doléances  que se presentaron en los Estados Generales previos a la Revolución Francesa. A buen seguro muchos de sus electores habrán optado por el Movimiento Cinco Estrellas no como alternativa de gobierno, sino como oportunidad para la protesta desde un escepticismo absoluto sobre las posibilidades de regeneración del sistema político italiano. Una protesta desengañada, carnavalesca y hasta nihilista.

Italia – junto a Grecia – es un grave y preocupante aviso de un choque de trenes entre legitimidades e intereses que ya no parece capaz de conciliar e integrar el modelo de democracias parlamentarias europeas.  Todas las encuestas advierten que, en caso de convocatoria electoral,  en España se desataría una situación de ingobernalidad. Un gran jurista italiano, Luigi Ferrajoli, explicó ya en los años setenta que el moderno sistema de democracia representativa, de carácter oligopolista, consensual e integrador se presenta y publicita como síntesis política de toda la sociedad.  Ese modelo de democracia consensual es el que está colapsando. Cuando ya no existe la posibilidad de consensos, el equilibrio de intereses se reduce a un mal chiste, la alternancia política se desdibuja y solo es posible una única estrategia político-económica que empeora la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los ciudadanos sin un horizonte verosímil de recuperación, ¿hasta qué punto se puede seguir hablando de un sistema democrático, de legitimidad política, de la autonomía de pueblos y ciudadanos?

 

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