Es divertido. Están fraguando dos relatos supuestamente antagónicos sobre la dimisión de Conrado Domínguez y sus antecedentes y consecuentes políticos. Según el primero el exdirector del Servicio Canario de la Salud es un probo, concienzudo y leal servidor público que ha sido elegido como cabeza de turco por aquellos que conocían perfectamente la compra fraudulenta de las mascarillas en el explosivo momento inicial de la pandemia. Que buen vasallo si hubiera buen señor. Según el segundo, el señor Domínguez, por supuesto, actuó por su cuenta y riesgo, no le dijo nada a nadie y es más, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera en la Consejería de Hacienda  — ignoro las razones por las que en estos primorosos relatos jamás aparece la  Consejería de Hacienda ni la Intervención General –se enteró de sus beneméritos tejemanejes, y menos que nadie, el presidente del Gobierno autónomo, a su vez presidente del comité de emergencia sanitaria creado por el propio Ejecutivo y en el que se incluyó  –¿y quién decidió incluirlo? – al por entonces secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas. En ambos relatos se menciona, como casualmente, la válvula de seguridad para que todos escapen locos: existía una legislación extraordinaria que toleraba  ciertas flexibilidades que para algunos, al parecer, resultaban infinitas. Pues no es así. Esa legislación de emergencia –un decreto ley – autorizaba a simplificar y abreviar procedimientos pero no a saltarse a la torera ni principios básicos de Derecho ni el control administrativo que es, precisamente, garantía de un uso correcto y pertinente de los fondos públicos. El presidente Torres se mueve anfibológicamente – es filólogo – entre ambos extremos y sostiene al mismo tiempo que su Gobierno recuperará hasta el último euro perdido –  y admite así subrepticiamente una estafa – y que se realizaron muchísimas operaciones inhabituales pero no ilegales en toda España porque la carencia de material sanitario era terrible – y admite indirectamente que no es reprochable jurídica y moralmente lo ocurrido. Si no se cometió una ilegalidad clamorosa, ¿por qué están encausados exaltos cargos del Ejecutivo, por qué va a declarar el propio Torres como testigo en los próximos días?  El decreto ley supercalifragilisticoexpialidoso no te blinda si cometes estafa, prevaricación o malversación de caudales públicos.

Mientras el presidente hablaba sobre la maravillosa actuación del SCS durante la pandemia en las Urgencias del Hospital Insular se prolongaba un caos espeluznante y casi enloquecido. Más de 120 pacientes esperaban en la tarde de ayer ser ingresados. Pero no hay camas. Otros muchos se acumulan en camillas en los pasillos. También ha ocurrido en el Negrín y las urgencias atardecen cada día próximas al colapso en los hospitales Universitario y La Candelaria en Tenerife. Hay jornadas atroces en las que simplemente no se pueden atravesar los pasillos porque se encuentran casi bloqueados. Y los sanitarios advierten que el invierno no ha llegado y los casos de gripe – como los de la nueva subvariante del covid – van a aumentar, como ocurre estacionalmente. Es realmente indignante que después de la experiencia de la pandemia y con los recursos financieros de los que se dispuesto en los dos últimos años la situación no haya hecho más que empeorar. Esa campanuda Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, presentada por Blas Trujillo el pasado abril como un prodigio de planificación conradezca dotado de casi 60 millones de euros y con la contratación prevista de 774 médicos, enfermeros, psicólogos clínicos y documentalistas se ha visto absolutamente desbordada por los hechos. Como gestores sanitarios son ustedes muy malos. Pero malos a rabiar. Son ustedes peores que un pasillo  del Insular a medianoche. El PSOE llegó al poder sin una estrategia política ni un programa técnico para la reforma organizativa y el fortalecimiento del sistema sanitario público y ha improvisado y ha arrastrado los pies desde el primer día. Y en lo peor de la pandemia fichan al mismo Conrado Domínguez que pusieron a parir durante el Gobierno de Fernando Clavijo. Ya no saben dónde meterse y, para colmo,  no es demasiado improbable que termine alguno de ustedes en un juzgado.