El presidente Paulino Rivero tiene razón en criticar los desmanes que, desde los poderes públicos venezolanos, se han cometido contra propiedades y derechos adquiridos de emigrantes canarios y sus familias: existes evidencias de abusos que han conculcado incluso la propia legislación republicana. Tiene razón en sus críticas y, como es obvio, en mostrar el apoyo solidario – aunque sea solo verbal – del Gobierno de Canarias. En lo que se equivoca gravemente el presidente es en exponer estas críticas y reparos en el transcurso de una visita a Venezuela. Ya no un Gobierno tan autoritario, exasperado e histriónico como el de Hugo Chávez, sino cualquier Gobierno, está obligado a rechazar las críticas que sobre sus acciones y proyectos políticos pronuncie un dignatario extranjero de visita en el país. Si un ministro venezolano –pongamos por caso – visitara el Archipiélago, y en una rueda de prensa criticara el trato que se les dispensa a los inmigrantes latinoamericanos en nuestras islas, el Gobierno de Canarias no le pondría un piso. Digo yo.
Peor aun es la insistencia de Paulino Rivero en mantenerla y no enmendarla, enfatizando que el respeto a Venezuela (cabe entender que a sus autoridades políticas) es compatible con el apoyo a los emigrantes canarios. Se trata de una espiral peligrosa y contraproducente para las relaciones entre Canarias y Venezuela y para los intereses inmediatos de los emigrantes isleños, sus hijos y sus nietos, que no se hospedan en el Tamanaco ni pueden comprar un billete business class en Maiquetía. Desde hace tiempo entre los sectores más radicales del chavismo menudean las críticas y descalificaciones, a veces insultantes, contra autoridades y dirigentes políticos canarios. Como muestra un pringoso botón: los numerosos comentarios chorreados sobre el presidente Rivero, el diputado José Luis Perestelo y varios prominentes empresarios isleños en aporrea.org, la principal página web de los chavistas más recalcitrantes y uno de los instrumentos de propaganda más batalladores del régimen.
Es singularmente complejo defender los derechos y atender la situación social y económica de los emigrantes canarios en un contexto político, jurídico y emocional como el que padece actualmente la República (Bolivariana) de Venezuela, envuelta en un caos calamitoso que el chavismo pretende vender como revolución permanente. Pero la mejor vía para hacerlo no es la abierta inadvertidamente por el presidente Rivero. Al contrario: ese es un camino, un gesto, una estentórea impertinencia que puede contribuir a empeorar las cosas para los intereses de los canario-venezolanos.