La respuesta de la ministra Fátima Báñez al diputado nacionalista Pedro Quevedo, la réplica airada del también dirigente de NC, la irritación consiguiente, todo, en fin, sigue una pauta que consiste en obviar cuidadosamente la siempre puñetera realidad. Y por un motivo muy sencillo: en la crasa realidad intervienen todos, en la impertinente realidad se entrecruzan fraternalmente todas las responsabilidades. Si la ministra de Empleo fuera realmente una política, y no una desdichada figurante con un talento excepcional para cincelar estupideces, hubiera explicado que los compromisos contraídos por el Gobierno central en los distintos planes de empleo canarios (incluido el PIEC) fueron eliminados de un plumazo por la imperiosa necesidad de adelgazar los presupuestos generales del Estado. Pero la ministra no puede afirmar tal bestialidad. La ministra Báñez elige sus bestialidades libre y cuidadosamente y no está dispuesta a regalarle una a los diputados de CC-NC. Por lo tanto la ministra opta cínicamente por mentir desde una altanería de charcutera displicente, acusando al Gobierno autonómico de incumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria. Claro que si la Comunidad canaria ha incumplido la ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿cómo el Ministerio de Hacienda ha certificado su cumplimiento de los objetivos de déficit público y le ha permitido un respiro sustanciado en un crédito extraordinario de 200 millones de euros? Lo cierto es que el Gobierno de Mariano Rajoy ha prescindido abiertamente de cualquier instrumento específico para la lucha contra el desempleo y la reinserción laboral. No forma parte de su programa político ni presupuestario: eso es todo.
El IV Plan Integral de Empleo de Canarias fue firmado en los últimos meses de la anterior legislatura entre la entonces consejera de Empleo, Margarita Ramos, y la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, e incluía una primera anualidad de 42 millones de euros que jamás fue transferida a Canarias. Pero en sus tres anteriores ediciones significó una aportación de 900 millones de euros. Hay que repetir la cifra: 900 millones de euros en un plazo de doce años. Ese fenomenal esfuerzo financiero – al que deben añadirse, parcialmente, unos 5.800 millones para cobertura de desempleados – no ha impedido que la mejor cifra del paro en Canarias haya sido un escandaloso 10% (en 2007) y que actualmente estemos encallados en un preapocalíptico 33%. Casi 150.000 millones de las desaparecidas pesetas que se han desintegrado con un impacto prácticamente nulo en el tejido empresarial canario, en la dinámica de su mercado de trabajo y en la formación profesional y ocupacional de los isleños. Con Coalición, el PP y el PSOE participando en el Gobierno regional.