Hace apenas tres meses los secretarios generales de los dos sindicatos mayores de Canarias,  Juan Jesús Arteaga (Comisiones Obreras) y Gustavo Santana (UGT) declararon solemnemente que entendían como roto el diálogo social en el Archipiélago. Ambos se mostraban defraudados con el Gobierno autónomo, que pretendía limitar a dos reuniones el debate sobre la malhadada reforma del REF,  aprovechando taimadamente que no existían mesas ni calendario ni programa para los acuerdos de Concertación Social. Ciertamente desde hace cerca de tres años el Ejecutivo regional no había convocado a los interlocutores y comisiones que articulan la Concertación Social, pero los sindicatos mayoritarios se habían limitado, al respecto, a periódicas protestas rituales. No tomaron jamás ni una medida concreta, ni realizaron un análisis político de la pachorra de la Consejería de Empleo, ni se mostraron, en fin, particularmente interesados o airados. Así que, encerrados en su ya avanzado proceso de zombificación, la UGT y Comisiones Obreras se limitaron a lo suyo, a la defensa burocrática de los insiders del mercado laboral y a la convocatoria de huelgas generales cada vez más débiles y menos exitosas. Ayer todo cambio de repente.
Los zombies se empezaron a mover espasmódicamente. Dirigentes sindicales y representantes empresariales corrieron presurosos a reunirse con el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y con la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, para sentar las bases de la VI Concertación Social, que se desarollará en diez mesas y se impone como fecha límite para llegar a un acuerdo el penúltimo día de diciembre del presente año. La continuidad de dichos acuerdos, cuando apenas seis meses más tarde se celebrarán elecciones autonómicas de las que saldrá un nuevo Gobierno con su propio programa, es tan probable como conseguir en el mismo plazo el pleno empleo en las islas. La causa de esta misteriosa resurrección de voluntades, lealtades y querencias es muy sencilla. El pasado viernes CC y PSOE registraron en la Cámara el proyecto de la Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias.  La proposición, en su título III,  establece y regula las compensaciones económicas que sindicatos y patronales recibirán por su participación en los órganos colegiados y organismos autónomos de la Administración autonómica. Pastuqui. Agrupémonos todos en la dieta final, Arteaga y Santana, Santana y Artega y los liberados que saben que triste es cobrar, pero más triste todavía es trabajar por sus representados sin un piquito que complemente el sueldo.